DIEZ
EL ESTADO, LA REGIÓN Y LA «PATRIA»
El individuo exigía tres cosas del gobierno, todas ellas de naturaleza altamente conservadora: la conservación de la ley y el orden, de forma que las personas pudieran desempeñar sus tareas habituales sin peligro para su vida ni para sus miembros; justicia imparcial, barata y rápida; impuestos tan bajos como fuera posible. Para hacer frente al crimen y a los desórdenes, los gobiernos podían reforzar los dispositivos locales que preservaban la paz tales como los somatenes; enviar tropas o comisiones provistas de poderes extraordinarios para administrar justicia sumaria o reorganizar y reforzar los órganos locales de ayuda propia, como hizo Isabel con las Hermandades de las ciudades de Castilla. A pesar de que, como en este último caso, los medios podían ser nuevos y aunque la acción del gobierno iba a acrecentarse, restringiendo, por ejemplo, la libertad de movimiento de los parados, que eran, potencialmente, los más inclinados a la violencia, la eliminación del bandidaje era una de las obligaciones tradicionales de la corona y no suponía ningún compromiso que pudiera desviar la atención de la responsabilidad personal del gobernante. Lo mismo sucedía con la justicia. Había una expansión continua de la justicia real a expensas de la local o de la personal. No obstante, tanto si la administraba un rostro familiar, como el del juez de paz inglés, o un juez real de jurisdicción, o la administraba uno de los tribunales de apelación central, la imagen que se ofrecía no era la de una ley impersonal, sino la de un rey ejerciendo la más tradicional de sus funciones: resolver las disputas entre sus súbditos. Cuanto más arriba llegaba el demandante a través de los tribunales, tanto más cercano se hallaba, no a la majestad de la ley, sino a la majestad del rey. En reconocimiento de esta función, los gobernantes continuaban aceptando peticiones individuales de reparación de agravios, bien a través del Parlamento, como lo hacía el rey inglés, o bien –cual era la práctica de Fernando e Isabel– en persona, un día señalado al efecto; también seguían haciendo un uso generoso de su prerrogativa de gracia. Poco a poco se iba frustrando la tercera expectativa, la de que los gobernantes deberían vivir con los ingresos de sus posesiones personales en la medida de lo posible e imponer la mínima contribución para permitir la continuación de la guerra. Crecían los costes del gobierno y había que cubrirlos: administraciones nacientes, ejércitos mayores, más especializados y, por tanto, mejor pagados. No todo el mundo padecía la amenaza del bandidismo, no todo el mundo recurría a la ley, pero, en cambio, los derechos aduaneros y los impuestos de ventas –en especial sobre los artículos de primera necesidad, como la sal– convertían a los impuestos en una preocupación casi universal. Sin embargo, la reacción general frente a los impuestos impopulares tampoco era de resignación ante la inexorable extensión del control central, sino la de tratar de negociar en un auténtico quid pro quo en forma de reparación de agravios o concesión de privilegios, o lamentarse de que el rey estuviera mal aconsejado, de que fuera víctima de ministros corruptos o de cortesanos voraces. Es cierto que los agentes del gobierno central se hallaban insertos en la administración local, pero esto solo lo podía ver con claridad la pequeña minoría de europeos que vivía en las ciudades. Un proceso paralelo, la utilización decreciente de los cuerpos representativos racionales, significaba que el gobierno (entendido como los más importantes funcionarios del gobernante con su personal) cambiaba realmente con menor frecuencia. Si añadimos la creencia generalizada de que la función del gobernante era preservar, proteger, restaurar y honrar alguna disposición antigua y difusa – tal como la Ley Sálica o el Código de Magnus Lagaboter– antes de introducir cambios, nos encontramos con los factores que encubrían el crecimiento del poder gubernamental a los ojos de todos menos de una pequeña minoría. Por supuesto, en las ciudades-república la situación era distinta. Existía un amplio interés en la política, provocado por la rotación de los puestos públicos cada pocos meses, por el principio de selección mediante elecciones, por el hecho de que, debido a las cortas distancias (en veinte minutos se podía atravesar Florencia), todo el mundo se conocía o, al menos, de todos se murmuraba. También aquí el interés principal se centraba sobre las personalidades, sobre quién estaba arriba y quién, de momento, estaba abajo. Al igual que en las grandes naciones, la naturaleza ocasional de los contactos entre el gobierno y el pueblo impedían el nacimiento del concepto de «Estado»; el fenómeno inverso, esto es, la familiaridad estrecha con aquellos que tenían que ver con el gobierno, provocaba un efecto similar. Incluso Maquiavelo, escribiendo en su calidad de exempleado civil de carrera, usaba frecuentemente la palabra «Estado» en el sentido de «aquellos individuos que están en el poder de momento». Quizá únicamente en Venecia se daban las condiciones para que surgiera el concepto de un Estado impersonal, así como para que naciera un sentimiento patriótico; ello se debía a su sistema de castas legalmente definido, que ahogaba las rivalidades de clase, y a la inusual homogeneidad de la vida económica, ya que el comercio tenía una importancia mayor que la banca o la industria. Evidentemente en todas partes, excepto entre algunos intelectuales y muchos administradores profesionales, la región, la zona que rodeaba el propio lugar de nacimiento, era más importante que el país como un todo. Muchos germanos, incluso los suizos, tenían el vago sentimiento de pertenecer al Imperio; pero el homenaje rendido a la idea no influía en la acción[1].
«Francia» resultaba una palabra atractiva, porque las personas conocían, a través de las crónicas y las baladas, los grandes hechos realizados por los monarcas franceses y sus ejércitos. Sin embargo, la idea de una asamblea general de representantes de todas las partes del país o, para los meridionales, de una asamblea que exigiera de todos ellos, de Toulouse a Provenza, la igualación de sus identidades regionales, provocaba una resistencia general. Un italiano que regresara de una estancia en el norte podía anhelar el regreso a Italia, mas una vez que se encontraba allí, su horizonte se resumía al deseo de llegar a su propia patria nativa, Florencia, Rímini o Nápoles. Es comprensible que en Bohemia, donde muchos de los comerciantes, prelados y terratenientes eran germanos, a las capas bajas de la sociedad les resultara difícil sentirse identificadas con el gobierno, aunque también en la mayor parte de Europa el derecho del «Estado» tenía que luchar penosamente para sustituir al derecho local que, aun siendo imperfecto, se consideraba más «natural» que la justicia administrada por los jueces de apelación de la capital, perfectamente capacitados. La tendencia de los príncipes a emplear jueces y cancilleres preparados en Derecho romano provocaba una irritación general en Alemania. Constituía un error fundamental, decía un caballero bávaro en 1499, «porque estos hombres de leyes no conocen nuestras costumbres, y si las conocen, no están dispuestos a aceptarlas». Una protesta de los estamentos de Wurtemberg en 1514 contenía la misma veta anticentralista; el duque debía emplear únicamente a hombres que «juzguen de acuerdo con las costumbres y los usos antiguos y no atribular a sus pobres súbditos». Cuando Francisco I subió al trono en 1515, Francia constituía el ejemplo supremo en Europa de lo que una política deliberadamente centralizadora podía conseguir. Lo que esta no podía conseguir, en Francia o cualquier otra parte, era una extensión del alcance de las lealtades del individuo, un ensanchamiento del círculo de causas por las que estaba dispuesto a sacrificarse. El gran magnate podía convertirse en gobernador provincial y actuar para la corona, pero con ello no se canalizaba hacia la capital la lealtad y la deferencia que se le profesaban. En todas las ciudades, e incluso en algunos pueblos grandes, había uno o dos de los habitantes principales ocupando cargos reales, habitualmente en conjunción con sus ocupaciones normales como comerciantes o abogados. Correos y administradores ambulantes les unían con los tribunales financieros y judiciales de París. Pero estos empleados eran considerados aún como hombres locales y estaban empeñados en continua lucha por imponer los decretos reales sobre las costumbres locales. Una cita del diario-crónica de Benoit Maillard, prior de la abadía de Savigny, cerca de Lyon, refleja algo de la atmósfera dentro de la cual estaban ocurriendo estos cambios. En el penúltimo día del mes de abril del año de gracia de 1487, un cierto Jean, zapatero y ladrón, que se había refugiado en esta ciudad de Savigny, encarcelado aquí en virtud de la acusación de una pobre mujer de Saint-Clément-sur-Valsonne, a quien había robado, percatándose de que la policía local iba a entregarlo a la de Saint-Clément para que sufriera el castigo a su robo, o sea, la ejecución, se encomendó a la Virgen María y, doblando los recios barrotes de hierro de la puerta de la prisión de Chamarier, y desprendiendo su parte inferior, se escapó y buscó refugio en nuestra iglesia, lo que vieron algunos de nuestros monjes. De este modo, con ayuda de la Virgen María, escapó de manos de la justicia y se salvó.
Y en 1493 el mismo Maillard anotaba cómo hubo que instalar por la fuerza de las armas al candidato del rey para arzobispo de Lyon, aunque era cardenal y el papa había aprobado su nombramiento. Como la mayoría de sus contemporáneos, Maillard contemplaba a la corona a través de una red de prejuicios locales, eclesiásticos y seculares; el rey, casi convertido en un dios por el carácter sagrado de la ceremonia de su coronación y capaz de realizar milagros y curas, a diferencia de los otros hombres, no debería haberse inmiscuido en la elección de Lyon; aunque Maillard está orgulloso de ver la persona del rey en las visitas de este a los lioneses, se estremece al pensar en la desolación de los pueblos a su alrededor cuando los ejércitos reales se pasean de un lugar a otro durante las guerras del rey. Por supuesto, cuando el pago era tardío y las posibilidades de saqueo escasas, los ejércitos tendían a disolverse por sí mismos. «Si consideramos solamente –escribía Commines sobre la expedición italiana de Carlos VIII– cuántas veces ha estado a punto de desbandarse este ejército desde su misma llegada a Vienne en el Delfinado [...] tenemos que reconocer que Dios Todopoderoso dirigió la empresa.»
Cuando el estado burocrático comenzaba a surgir de su crisálida feudal, los empleados que le ayudaron a nacer, muchos de los cuales eran abogados, estaban obligados a buscar un compromiso entre la eficacia de los esquemas (de los que existían modelos en el Derecho romano y en el funcionamiento de grandes propiedades individuales, laicas y monacales) y la tradición, entre someterse a las concepciones locales o solicitar la cooperación invocando el hechizo del nombre del rey. Del «gobierno» no emanaba destello alguno; los nombramientos, las proclamaciones, los edictos tenían que venir del rey. El nombre del rey era familiar en todo tribunal donde se administraba justicia real. En la sala de justicia de Nottingham se presentó denuncia contra Henry Gorrall porque se decía que en el vigesimosexto día del mes de septiembre, en el decimotercer año de reinado del rey Enrique VII [1497], valiéndose de la fuerza y de las armas, a saber, de una porra y un cuchillo, arrojó un caballo muerto y putrefacto a las calles de nuestro señor el rey en la precitada Nottingham, para la penosa molestia de los vasallos de nuestro dicho señor el rey y contra su paz.
Los nacimientos, defunciones y bodas reales suscitaban un vivo interés. Las visitas ceremoniales de los reyes a los pueblos de sus dominios se registraban en memorias y los grabados conmemoraban las coronaciones. Sin embargo, esta invocación continua del nombre del monarca, esta concepción de la realeza, no contribuían a vincular a los hombres en una comunidad nacional de súbditos. En 1495, en el curso de un intento que se hizo para fallar un litigio fronterizo entre el Languedoc y la Provenza, se envió a un comisionado de Provenza (anexionada a la corona en 1481) a plantar las armas provinciales en las Îles du Rhône. Al hacerlo pasó un puesto que ostentaba las armas reales. Su reacción fue reveladora: se descubrió y se arrodilló ante el símbolo del poder real, después se levantó, lo apartó de allí y lo dejó en la sacristía de la iglesia local, «donde se conservan las reliquias». Se daba por supuesto que los límites de jurisdicción de un país pudieran fluctuar por razón de la herencia, los matrimonios dinásticos o la fortuna de la guerra. La idea de «Francia» quedaba aún más debilitada por la noción que la acompañaba de «las tierras gobernadas en el momento por el rey francés». Es más, cuando el poder regio francés daba un paso hacia delante, avanzaba hacia un fin moderno, pero con medios medievales, invocando la herencia o el derecho feudal o en contestación a una petición de ayuda o protección; por tanto, cada nuevo vínculo con una región o una ciudad se consideraba aislado de una política centralizadora total y según los términos de un contrato feudal teóricamente revocable y basado en el cumplimiento mutuo de las obligaciones.
El dispositivo del futuro Estado-nación se estaba construyendo entre pueblos que, hasta entonces, no eran conscientes de ello. Mientras que los príncipes y los oficiales trataban de establecer sistemas de procedimiento para la capital (o sus sustitutos errantes, los tribunales) a través de la densa maraña de costumbres locales, el horizonte patriótico de la mayoría de los hombres seguía siendo reducido. Fuera de las ciudades, entre la gran mayoría de la población donde había menos movilidad y menos ilustración, es dudoso que se pueda hablar de patriotismo en ningún sentido; allí la «política» la constituían los visitantes del señor local, las habladurías de los soldados desmovilizados y los destellos de la distante majestad del rey que se filtraban a través de las palabras de un juez o de un recaudador de impuestos. En cuanto al nacionalismo, allí donde existía en alguna forma que se pareciese al moderno, se trataba de una invención literaria de los intelectuales; era la versión idealizada del disgusto del hombre común ante el extranjero, por medio de la cual se escudriñaba en la historia para aportar testimonios de la superioridad cultural del país del escritor. El renacer del estudio de la historia antigua servía a la causa nacional. En la historia mundial de Spiridon se aseguraba que la familia real rusa descendía del hermano del emperador Augusto y con ello se reforzaba la poderosa ficción de que Rusia era «la tercera Roma». Los escritores lituanos daban pábulo al orgullo nacional narrando que su pueblo descendía de la tripulación de un bote de legionarios romanos separados de las fuerzas de Julio César por una tempestad en el mar del Norte. Pero era principalmente entre los países vecinos de Italia y más conscientes de la superioridad intelectual de la Península donde la leyenda se combinaba con los hechos antiguos y medievales a fin de crear deliberadamente una historia patriótica. Los autores franceses subrayaban el carácter puro de los galos, revelado en los Comentarios de César. Los alemanes acentuaban el valor y la nobleza de ánimo de Arminio en los Anales de Tácito y estaban seguros de que si se pudieran conseguir otras obras clásicas, ocultas por los envidiosos italianos, estas describirían en detalle las virtudes de la antigua raza germana: «¡Que nos devuelvan la Historia de Tácito entera, que han escondido –requería Albert Krantz–, que nos restituyan los veinte libros de Plinio sobre Alemania!». «Roma conquistó la Galia», escribía Valeran de Varennes en 1508, «pero, después de la decadencia de Roma, fueron los galos quienes conquistaron Alemania (Carlomagno), protegieron el Papado (Pipino y Carlomagno) y libertaron la Tierra Santa (las cruzadas)». Roma dejó una huella de crueldad y subyugación, señalaba en 1510 Christophe de Longueil, pero los galos han actuado siempre con justicia y virtud. «En las artes y las ciencias», además, «Francia es superior a Italia; ha producido más hombres eminentes en su propio suelo que todas las otras naciones juntas». Nada tiene de asombroso que el abogado humanista Guillaume Budé se sintiera movido a dedicar uno de sus tratados, el De Asse de 1515, que se refiere a la acuñación romana, simplemente «al genio de Francia». Nada tiene de asombroso, tampoco, que, por otro lado, el alsaciano Jacobo Wimpfeling negara que los descendientes de los nervios hubieran conquistado alguna vez a los descendientes de Arminio. Los franceses pretendían que la buena tierra alemana entre los Vosgos y el Rin les pertenecía. «¿Dónde están allí las trazas de la lengua francesa? –preguntaba Wimpfeling–. No se encuentran libros en francés, ni monumentos, cartas, epitafios, títulos o documentos.» En cuanto a los italianos, ¿qué necesidad había de ceder ante ellos? Se habían hundido en la ignorancia, en tanto que, en el siglo X, la monja alemana Hroswitha escribía las obras de teatro que Celtis había redescubierto y se las dedicaba al elector Federico. Los alemanes tenían que hacer valer sus derechos a la dirección de Europa, que era suya por su carácter, cultura e historia. «Verdaderamente –escríbía Von Hutten en su diálogo Trias Romana–, es un grande y excelente hecho conseguir por medio de la persuasión, la exhortación, el estímulo y el impulso, que la patria llegue a reconocer su propia degeneración y se arme a sí misma para reconquistar su antigua libertad.» Este jingoísmo de los intelectuales conseguía escasa respuesta pública. El papa Julio II podía recordar a todos los italianos la común herencia de la antigua Roma, cuando les exhortaba a respaldar su determinación de expulsar a los «bárbaros». Pero, en el momento de establecer alianzas, los estados italianos lo hacían de modo que, cuando hubiera desaparecido el peligro común, ellos siguiesen siendo diferentes. Florencia se regocijaba cuando los extranjeros conquistaron Nápoles en 1501 y exultaba de alegría cuando la «bárbara» coalición de Cambrai despojó a Venecia de sus principales posesiones de tierra firme en 1509. En un estallido de entusiasmo literario en el último capítulo de El príncipe, Maquiavelo reclamaba alguna forma de dirección unificada, al menos para el centro estratégico italiano, pero en la contestación a la pregunta de un amigo durante el mismo año, 1513, acerca de una alianza de los poderes italianos, decía llanamente: «No me hagas reír».
Los moldes de un patriotismo nacional se forjaban lentamente: un lenguaje común, una administración unificada, la elevación de una monarquía milagrosa a la categoría de una visión completa por encima de los grandes hombres de la localidad, la proliferación de los empleados de gobierno de plena dedicación, la elaboración de una literatura destinada a cualquier precio a predicar, a ensalzar la fama de un pueblo. Gran parte de la realidad de que esas formas se iban a revestir, ya se encontraba presente: la conciencia de las características nacionales diferentes, la competitividad política y económica, el resentimiento frente a la interferencia exterior. Pero a muchos hombres les faltaba la visión, el conocimiento y, sobre todo, no les era necesario pensar, como no fuera de vez en cuando, en la nación como una comunidad. Sus fronteras eran demasiado difusas, su pueblo demasiado diverso en lenguaje y costumbres, sus gobernantes demasiado distantes y sus intereses demasiado alejados. Lo significativo residía en lo familiar y en lo cercano.
«Francia» resultaba una palabra atractiva, porque las personas conocían, a través de las crónicas y las baladas, los grandes hechos realizados por los monarcas franceses y sus ejércitos. Sin embargo, la idea de una asamblea general de representantes de todas las partes del país o, para los meridionales, de una asamblea que exigiera de todos ellos, de Toulouse a Provenza, la igualación de sus identidades regionales, provocaba una resistencia general. Un italiano que regresara de una estancia en el norte podía anhelar el regreso a Italia, mas una vez que se encontraba allí, su horizonte se resumía al deseo de llegar a su propia patria nativa, Florencia, Rímini o Nápoles. Es comprensible que en Bohemia, donde muchos de los comerciantes, prelados y terratenientes eran germanos, a las capas bajas de la sociedad les resultara difícil sentirse identificadas con el gobierno, aunque también en la mayor parte de Europa el derecho del «Estado» tenía que luchar penosamente para sustituir al derecho local que, aun siendo imperfecto, se consideraba más «natural» que la justicia administrada por los jueces de apelación de la capital, perfectamente capacitados. La tendencia de los príncipes a emplear jueces y cancilleres preparados en Derecho romano provocaba una irritación general en Alemania. Constituía un error fundamental, decía un caballero bávaro en 1499, «porque estos hombres de leyes no conocen nuestras costumbres, y si las conocen, no están dispuestos a aceptarlas». Una protesta de los estamentos de Wurtemberg en 1514 contenía la misma veta anticentralista; el duque debía emplear únicamente a hombres que «juzguen de acuerdo con las costumbres y los usos antiguos y no atribular a sus pobres súbditos». Cuando Francisco I subió al trono en 1515, Francia constituía el ejemplo supremo en Europa de lo que una política deliberadamente centralizadora podía conseguir. Lo que esta no podía conseguir, en Francia o cualquier otra parte, era una extensión del alcance de las lealtades del individuo, un ensanchamiento del círculo de causas por las que estaba dispuesto a sacrificarse. El gran magnate podía convertirse en gobernador provincial y actuar para la corona, pero con ello no se canalizaba hacia la capital la lealtad y la deferencia que se le profesaban. En todas las ciudades, e incluso en algunos pueblos grandes, había uno o dos de los habitantes principales ocupando cargos reales, habitualmente en conjunción con sus ocupaciones normales como comerciantes o abogados. Correos y administradores ambulantes les unían con los tribunales financieros y judiciales de París. Pero estos empleados eran considerados aún como hombres locales y estaban empeñados en continua lucha por imponer los decretos reales sobre las costumbres locales. Una cita del diario-crónica de Benoit Maillard, prior de la abadía de Savigny, cerca de Lyon, refleja algo de la atmósfera dentro de la cual estaban ocurriendo estos cambios. En el penúltimo día del mes de abril del año de gracia de 1487, un cierto Jean, zapatero y ladrón, que se había refugiado en esta ciudad de Savigny, encarcelado aquí en virtud de la acusación de una pobre mujer de Saint-Clément-sur-Valsonne, a quien había robado, percatándose de que la policía local iba a entregarlo a la de Saint-Clément para que sufriera el castigo a su robo, o sea, la ejecución, se encomendó a la Virgen María y, doblando los recios barrotes de hierro de la puerta de la prisión de Chamarier, y desprendiendo su parte inferior, se escapó y buscó refugio en nuestra iglesia, lo que vieron algunos de nuestros monjes. De este modo, con ayuda de la Virgen María, escapó de manos de la justicia y se salvó.
Y en 1493 el mismo Maillard anotaba cómo hubo que instalar por la fuerza de las armas al candidato del rey para arzobispo de Lyon, aunque era cardenal y el papa había aprobado su nombramiento. Como la mayoría de sus contemporáneos, Maillard contemplaba a la corona a través de una red de prejuicios locales, eclesiásticos y seculares; el rey, casi convertido en un dios por el carácter sagrado de la ceremonia de su coronación y capaz de realizar milagros y curas, a diferencia de los otros hombres, no debería haberse inmiscuido en la elección de Lyon; aunque Maillard está orgulloso de ver la persona del rey en las visitas de este a los lioneses, se estremece al pensar en la desolación de los pueblos a su alrededor cuando los ejércitos reales se pasean de un lugar a otro durante las guerras del rey. Por supuesto, cuando el pago era tardío y las posibilidades de saqueo escasas, los ejércitos tendían a disolverse por sí mismos. «Si consideramos solamente –escribía Commines sobre la expedición italiana de Carlos VIII– cuántas veces ha estado a punto de desbandarse este ejército desde su misma llegada a Vienne en el Delfinado [...] tenemos que reconocer que Dios Todopoderoso dirigió la empresa.»
Cuando el estado burocrático comenzaba a surgir de su crisálida feudal, los empleados que le ayudaron a nacer, muchos de los cuales eran abogados, estaban obligados a buscar un compromiso entre la eficacia de los esquemas (de los que existían modelos en el Derecho romano y en el funcionamiento de grandes propiedades individuales, laicas y monacales) y la tradición, entre someterse a las concepciones locales o solicitar la cooperación invocando el hechizo del nombre del rey. Del «gobierno» no emanaba destello alguno; los nombramientos, las proclamaciones, los edictos tenían que venir del rey. El nombre del rey era familiar en todo tribunal donde se administraba justicia real. En la sala de justicia de Nottingham se presentó denuncia contra Henry Gorrall porque se decía que en el vigesimosexto día del mes de septiembre, en el decimotercer año de reinado del rey Enrique VII [1497], valiéndose de la fuerza y de las armas, a saber, de una porra y un cuchillo, arrojó un caballo muerto y putrefacto a las calles de nuestro señor el rey en la precitada Nottingham, para la penosa molestia de los vasallos de nuestro dicho señor el rey y contra su paz.
Los nacimientos, defunciones y bodas reales suscitaban un vivo interés. Las visitas ceremoniales de los reyes a los pueblos de sus dominios se registraban en memorias y los grabados conmemoraban las coronaciones. Sin embargo, esta invocación continua del nombre del monarca, esta concepción de la realeza, no contribuían a vincular a los hombres en una comunidad nacional de súbditos. En 1495, en el curso de un intento que se hizo para fallar un litigio fronterizo entre el Languedoc y la Provenza, se envió a un comisionado de Provenza (anexionada a la corona en 1481) a plantar las armas provinciales en las Îles du Rhône. Al hacerlo pasó un puesto que ostentaba las armas reales. Su reacción fue reveladora: se descubrió y se arrodilló ante el símbolo del poder real, después se levantó, lo apartó de allí y lo dejó en la sacristía de la iglesia local, «donde se conservan las reliquias». Se daba por supuesto que los límites de jurisdicción de un país pudieran fluctuar por razón de la herencia, los matrimonios dinásticos o la fortuna de la guerra. La idea de «Francia» quedaba aún más debilitada por la noción que la acompañaba de «las tierras gobernadas en el momento por el rey francés». Es más, cuando el poder regio francés daba un paso hacia delante, avanzaba hacia un fin moderno, pero con medios medievales, invocando la herencia o el derecho feudal o en contestación a una petición de ayuda o protección; por tanto, cada nuevo vínculo con una región o una ciudad se consideraba aislado de una política centralizadora total y según los términos de un contrato feudal teóricamente revocable y basado en el cumplimiento mutuo de las obligaciones.
El dispositivo del futuro Estado-nación se estaba construyendo entre pueblos que, hasta entonces, no eran conscientes de ello. Mientras que los príncipes y los oficiales trataban de establecer sistemas de procedimiento para la capital (o sus sustitutos errantes, los tribunales) a través de la densa maraña de costumbres locales, el horizonte patriótico de la mayoría de los hombres seguía siendo reducido. Fuera de las ciudades, entre la gran mayoría de la población donde había menos movilidad y menos ilustración, es dudoso que se pueda hablar de patriotismo en ningún sentido; allí la «política» la constituían los visitantes del señor local, las habladurías de los soldados desmovilizados y los destellos de la distante majestad del rey que se filtraban a través de las palabras de un juez o de un recaudador de impuestos. En cuanto al nacionalismo, allí donde existía en alguna forma que se pareciese al moderno, se trataba de una invención literaria de los intelectuales; era la versión idealizada del disgusto del hombre común ante el extranjero, por medio de la cual se escudriñaba en la historia para aportar testimonios de la superioridad cultural del país del escritor. El renacer del estudio de la historia antigua servía a la causa nacional. En la historia mundial de Spiridon se aseguraba que la familia real rusa descendía del hermano del emperador Augusto y con ello se reforzaba la poderosa ficción de que Rusia era «la tercera Roma». Los escritores lituanos daban pábulo al orgullo nacional narrando que su pueblo descendía de la tripulación de un bote de legionarios romanos separados de las fuerzas de Julio César por una tempestad en el mar del Norte. Pero era principalmente entre los países vecinos de Italia y más conscientes de la superioridad intelectual de la Península donde la leyenda se combinaba con los hechos antiguos y medievales a fin de crear deliberadamente una historia patriótica. Los autores franceses subrayaban el carácter puro de los galos, revelado en los Comentarios de César. Los alemanes acentuaban el valor y la nobleza de ánimo de Arminio en los Anales de Tácito y estaban seguros de que si se pudieran conseguir otras obras clásicas, ocultas por los envidiosos italianos, estas describirían en detalle las virtudes de la antigua raza germana: «¡Que nos devuelvan la Historia de Tácito entera, que han escondido –requería Albert Krantz–, que nos restituyan los veinte libros de Plinio sobre Alemania!». «Roma conquistó la Galia», escribía Valeran de Varennes en 1508, «pero, después de la decadencia de Roma, fueron los galos quienes conquistaron Alemania (Carlomagno), protegieron el Papado (Pipino y Carlomagno) y libertaron la Tierra Santa (las cruzadas)». Roma dejó una huella de crueldad y subyugación, señalaba en 1510 Christophe de Longueil, pero los galos han actuado siempre con justicia y virtud. «En las artes y las ciencias», además, «Francia es superior a Italia; ha producido más hombres eminentes en su propio suelo que todas las otras naciones juntas». Nada tiene de asombroso que el abogado humanista Guillaume Budé se sintiera movido a dedicar uno de sus tratados, el De Asse de 1515, que se refiere a la acuñación romana, simplemente «al genio de Francia». Nada tiene de asombroso, tampoco, que, por otro lado, el alsaciano Jacobo Wimpfeling negara que los descendientes de los nervios hubieran conquistado alguna vez a los descendientes de Arminio. Los franceses pretendían que la buena tierra alemana entre los Vosgos y el Rin les pertenecía. «¿Dónde están allí las trazas de la lengua francesa? –preguntaba Wimpfeling–. No se encuentran libros en francés, ni monumentos, cartas, epitafios, títulos o documentos.» En cuanto a los italianos, ¿qué necesidad había de ceder ante ellos? Se habían hundido en la ignorancia, en tanto que, en el siglo X, la monja alemana Hroswitha escribía las obras de teatro que Celtis había redescubierto y se las dedicaba al elector Federico. Los alemanes tenían que hacer valer sus derechos a la dirección de Europa, que era suya por su carácter, cultura e historia. «Verdaderamente –escríbía Von Hutten en su diálogo Trias Romana–, es un grande y excelente hecho conseguir por medio de la persuasión, la exhortación, el estímulo y el impulso, que la patria llegue a reconocer su propia degeneración y se arme a sí misma para reconquistar su antigua libertad.» Este jingoísmo de los intelectuales conseguía escasa respuesta pública. El papa Julio II podía recordar a todos los italianos la común herencia de la antigua Roma, cuando les exhortaba a respaldar su determinación de expulsar a los «bárbaros». Pero, en el momento de establecer alianzas, los estados italianos lo hacían de modo que, cuando hubiera desaparecido el peligro común, ellos siguiesen siendo diferentes. Florencia se regocijaba cuando los extranjeros conquistaron Nápoles en 1501 y exultaba de alegría cuando la «bárbara» coalición de Cambrai despojó a Venecia de sus principales posesiones de tierra firme en 1509. En un estallido de entusiasmo literario en el último capítulo de El príncipe, Maquiavelo reclamaba alguna forma de dirección unificada, al menos para el centro estratégico italiano, pero en la contestación a la pregunta de un amigo durante el mismo año, 1513, acerca de una alianza de los poderes italianos, decía llanamente: «No me hagas reír».
Los moldes de un patriotismo nacional se forjaban lentamente: un lenguaje común, una administración unificada, la elevación de una monarquía milagrosa a la categoría de una visión completa por encima de los grandes hombres de la localidad, la proliferación de los empleados de gobierno de plena dedicación, la elaboración de una literatura destinada a cualquier precio a predicar, a ensalzar la fama de un pueblo. Gran parte de la realidad de que esas formas se iban a revestir, ya se encontraba presente: la conciencia de las características nacionales diferentes, la competitividad política y económica, el resentimiento frente a la interferencia exterior. Pero a muchos hombres les faltaba la visión, el conocimiento y, sobre todo, no les era necesario pensar, como no fuera de vez en cuando, en la nación como una comunidad. Sus fronteras eran demasiado difusas, su pueblo demasiado diverso en lenguaje y costumbres, sus gobernantes demasiado distantes y sus intereses demasiado alejados. Lo significativo residía en lo familiar y en lo cercano.
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